La Agencia Estatal de Seguridad Aérea está procediendo a enviar burofaxes a los controladores aéreos en los que les amenaza con cuantiosas multas, con la pérdida de la licencia y hasta con el despido si no se presentan al examen y demuestran su competencia lingüística seis meses antes de la fecha límite del 5 de marzo de 2011.

Las misivas que se están enviando, que invitan a pasar las pruebas de forma obligatoria a partir del mes de octubre de 2010, hacen referencia a que “para que el día 5 de marzo de 2011 no se produzca ninguna incidencia en la seguridad y en la continuidad del servicio”, es necesario pasar la evaluación con tanta antelación, ya que de no hacerlo caerán con todo su peso sobre el controlador aéreo el Real Decreto de 5 de febrero de 2010, la Ley de Seguridad Aérea y un cuantioso número de leyes, Órdenes de Fomento y hasta notams.

Con independencia de que AESA se extralimita en sus funciones al dirigirse en tono amenazador y nominalmente a los controladores aéreos para este asunto, cuando lo suyo es que lo hiciera el empleador, Aena, el hecho de relacionar una cuestión meramente administrativa, como es la obtención de un documento que acredite el nivel de inglés que se posee –que ya se demuestra a diario en el trabajo-, con la seguridad de las operaciones de vuelo y con la continuidad del servicio, carece de toda lógica dado que en una Orden de Fomento fechada el pasado 6 de abril se reconocía a los controladores aéreos con carácter provisional y transitorio el nivel OACI 4 hasta el 5 de marzo del próximo año. Por tanto, basta que una publicación en el BOE recoja una fecha para que por arte de birlibirloque la seguridad y la continuidad del servicio estén garantizadas. Como basta que en el BOE se nombre a alguien ministro para que se dé por supuesta su formación, su capacidad y su idoneidad. Un extremo que, como sabemos, es por desgracia del todo inexacto.

Esto demuestra una vez más la falta de capacidad de las personas que dirigen nuestras instituciones, que no dudan en utilizar la coacción y la amenaza de sanciones y el despido para cubrir el expediente y salvar su silla. Porque si de verdad les preocupara la seguridad, hace ya tiempo que se habrían interesado por tomar las medidas necesarias para que las normas, los procedimientos operativos, los sistemas, la formación de controladores, instructores y supervisores, el análisis de incidentes y accidentes, la capacidad de sectores y otras muchas cuestiones nada baladí –entre ellas la capacidad de los gestores de Aena- se realizaran con competencia y sentido común.

En cambio, ahora parece que la seguridad de las miles de personas que viajan en los aviones que controlamos a diario y cuyas vidas salvamos aunque ellas no se den ni cuenta, dependen de que alguien firme un papel certificando que se ha superado una prueba de idioma que nada tiene que ver con el trabajo que se hace en las dependencias. Porque si de verdad se quiere saber si un controlador aéreo posee los conocimientos necesarios para realizar su labor, lo suyo es que se le evalúe en su trabajo, en su entorno, con sus procedimientos, sus problemas operativos, sus colaterales, sus tripulaciones habituales, sus conductores de los vehículos de rampa, su carga de trabajo y un largo etcétera. Y si en algo falla, que se le proporcione la formación necesaria para alcanzar el nivel. No con un test realizado a saber dónde y por quién y con un contenido a todas luces alejado de la realidad ATC española. Eso sin hablar de que en otros países europeos, a los que tanto nos tenemos que equiparar, se les ha dado de oficio a todos los controladores el nivel OACI 4 sin necesidad de examen. Lo que nos lleva a pensar que nuestros dirigentes utilizan el comodín europeo para lo que les conviene.

APCAE no está en contra de la evaluación de idioma inglés, como no lo está de que se lleven a cabo supervisiones períodicas para verificar la competencia en el trabajo (en las que necesariamente estaría incluido el idioma). Pero sí está en contra del uso ya recurrente de la prepotencia, la amenaza y la coacción para que sean otros los que puedan seguir asegurándose un puesto directivo o de gestión para el que han demostrado –con ésta una vez más- que no sirven.

La señora Isabel Maestre, responsable de AESA, bien pudiera preocuparse desde la atalaya en la que la ha situado inmerecidamente un dedo divino de que el proveedor nacional de servicios de navegación aérea cumple de verdad sus obligaciones para con la seguridad aérea, en vez de amenazar a unos trabajadores con echarles del trabajo y multarles con 225.000 euros por no acudir a un examen inadecuado que no va a demostrar en realidad nada, salvo conseguir acallar las conciencias de quienes detentan un poder omnímodo y visión cortoplacista –hasta que llegue el próximo cargo- que apenas contribuye a la seguridad que tanto dicen defender. Salvo que el objetivo sea llevar a cabo una regulación de empleo encubierta.

Finalmente, APCAE llama a los sindicatos de controladores USCA y SPICA a tomar medidas en defensa de sus afiliados y a reaccionar cuanto antes de forma oportuna y proporcionada ante este nuevo atropello, que tiene lugar sin que aún nos hayamos podido levantar de los anteriores. La razón de ser de nuestros sindicatos y asociaciones se pone de manifiesto ante situaciones como la presente. Si somos incapaces de reaccionar, de exigir coherencia, competencia y profesionalidad a quienes tienen la obligación moral de practicarlas sin necesidad de que les sean exigidas, nos habremos quedado sin objetivos que cumplir y, con ello, sin la razón de nuestra existencia.

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